lunes, 8 de junio de 2015

La caída del canciller Moro

Enrique VIII

Introducción

El sábado 6 de junio de 2015, dentro de un curso del Doctorado en Derecho de la UX, que tengo a bien impartir, encontré a Erasmo de Rotterdam y a Tomás Moro dentro de la influencia del Humanismo renacentista y en el descubrimiento de los derechos naturales que, según Mauricio Beuchot, son los mismos que hoy en día llamamos “Derechos Humanos”. El domingo 7 del mismo mes y año, tropecé de nueva cuenta con Tomás Moro, pues hay quien lo considera el santo patrono de los políticos y ayer, con motivo de la jornada electoral, los políticos deben haberlo tenido de cabeza.
Sin embargo, dentro del análisis del caso que nos traemos entre manos, lo importa en este momento es la visión fáctica o histórica de los hechos. Bajo la advertencia de que en nuestros tiempos concluyó la era de los hechos duros y, por lo tanto, inamovibles. Los hechos también son objeto de interpretación. Como quedó dicho en las Entradas anteriores todo el análisis y la reflexión de este caso se basan en el artículo de Hernán Corral Talciani y hoy recibimos su relato de hechos al pie de la letra.

Hechos

Tomás Moro sucedió el 25 de octubre de 1529 como gran canciller de Enrique VIII al cardenal Tomás Wolsey. Wolsey fue destituido de su puesto, a pesar de sus muchos servicios al monarca, por no haber conseguido la anulación del matrimonio entre Enrique y Catalina de Aragón y ser despreciado por Ana Bolena, su familia y sus partidarios, quienes rodeaban ahora al rey.
El 6 de octubre de 1529 el cardenal fue oficialmente destituido y más tarde acusado del delito de praemunire [ver glosario al final]. Sólo se libró de la condena por morir en el camino a su prisión en la Torre de Londres (29 de noviembre de 1529).
Moro no compartía la opinión del rey de que su matrimonio con Catalina era nulo, pero a pesar de ello el rey lo eligió: era un laico, experto jurista, conocido por Enrique desde su infancia y un eficiente y leal servidor público, por lo que podía dar confianza a todos los sectores y liderar el Parlamento que Enrique convocó el 3 de noviembre de 1529.
Moro aceptó el cargo a sabiendas de que los tiempos no eran favorables a sus ideas pero no podía ahora desdecirse de lo que pensaba y había dejado escrito en su obra de juventud, la célebre Utopía, en cuanto a "no abandonar la nave en medio de la tempestad".
Después recordaría como el rey le prometió que no le forzaría a obrar contra su conciencia en la cuestión del matrimonio , y de hecho durante su desempeño como canciller la "grand matter of the King", como se le solía llamar, fue encomendada a otros funcionarios.
Moro se dedicó a sus labores parlamentarias y judiciales en las dos Cortes reales: la "Court of Chancery" y la "Court of Star Chambre".
Permaneció en el cargo por dos años y medio, viendo cómo la política del rey para anular su matrimonio, casarse con Ana Bolena y tener descendencia masculina que pudiera heredar el trono, se convertía progresivamente, gracias a nuevos asesores reales como Tomás Cranmer y Tomás Cromwell, en un rompimiento con el papa ya no sólo como soberano temporal sino como cabeza espiritual de la Iglesia en Inglaterra. Lo que era una cuestión acotada a la supuesta conciencia del rey de vivir en concubinato (por no ser válido el matrimonio con la viuda de su hermano Arturo), se fue expandiendo a la aspiración a tener el poder total sobre la iglesia, los obispos, el clero y todos los fieles de la Iglesia y a una expectativa de incrementar la riqueza del reinado y sus nobles a través de la confiscación de las tierras y propiedades actualmente en manos de conventos, órdenes religiosas y monasterios
Enrique se dirigió primero al clero a través de la amenaza. Acusó a varios obispos de haber sido cómplices de Wolsey por haberlo aceptado como legado pontificio. Reclamó luego que la Convocation o sínodo de obispos de Canterbury lo declarara cabeza suprema de la iglesia, lo que consiguió pero con la expresión matizada de que ello era "hasta donde lo permita la ley de Cristo": "as far as the law of Christ allows" (11 de febrero de 1531).
El rey siguió insistiendo. El 15 de enero de 1532 se presentó personalmente ante el Parlamento y declaró que, al releer el juramento que hacían los obispos de fidelidad al papa, había "descubierto" que tenía súbditos que sólo lo eran a medias, pues también se sometían a un poder extranjero. La amenaza era directa y clara: o los prelados lo reconocían a él como único soberano y renunciaban a toda obediencia a la jurisdicción del Santo Padre o serían enjuiciados. Los obispos, presididos por el arzobispo de Canterbury, Willam Warham, ya en las postrimerías de su vida, suscribieron el documento denominado muy acertadamente Submission of Clergy ("Sumisión del clero"). En ese documento, la Convocation de Canterbury declaraba a Enrique VIII como suprema cabeza de la Iglesia en Inglaterra sin ningún límite o matización. Era el 15 de mayo de 1532.
Al día siguiente, el 16 de mayo, el arzobispo Warham remitió a Enrique VIII el documento con la sumisión [33]. A las 15:00 horas del mismo día, en el jardín de Whitehall Palace, Enrique VIII junto al duque de Norfolk, Tomás Howard, recibió a Tomás Moro para aceptar su renuncia al cargo de canciller del Reino, y recibir el saco de cuero blanco que contenía el gran sello que simbolizaba su función y poder.
A diferencia de Wolsey, Moro no fue destituido sino que le fue aceptada su renuncia, lo que en esos tiempos necesitaba el asentimiento del rey. Moro dice en sus cartas que había estado pidiendo desde antes su salida del gobierno porque tenía problemas de salud que le impedían seguir desempeñando su puesto. Es probable que esta haya sido una explicación acordada y que, si bien las dolencias existían, la verdadera causa de la resignación fuera doble: Moro se daba cuenta que con su presencia ya no podía frenar la política separatista de Enrique y advertía que si se mantenía en el cargo ello se entendería como una legitimación suya a la conducta del gobernante. Por su parte, Enrique no habrá querido enfrentarse directamente a su canciller y enviarlo a prisión como a Wolsey, ya que no tenía motivos para ello, y la excusa de la salud le servía para deshacerse de alguien que ya no le era necesario ni funcional a sus actuales planes.
La salida de Moro del cargo fue, pues, aparentemente pacífica y satisfactoria para ambas partes. Moro recibió grandes elogios de Enrique VIII y, a su vez, prometió no inmiscuirse en asuntos públicos y retirarse a una vida de oración y práctica de la piedad personal y familiar.
A pesar de que aparentemente Moro seguía gozando del favor del rey, era consciente de que su situación era muy distinta hasta desde el punto de vista económico. Con su característico humor, Moro hizo ver a su mujer Alice el cambio de situación, según una anécdota que relata Roper. Cuenta su yerno, que mientras era Canciller cuando terminaban los servicios en la Iglesia uno de sus servidores se acercaba al banco de su mujer para avisarle: "Señora, mi señor se ha ido". El primer día de fiesta después de la renuncia a su cargo, no teniendo ya servidores, se acercó el mismo al banco de Alice y haciéndole una revencia le dijo: "Señora, ¡mi señor ha desaparecido!": "Madame, my lord is gone".

Glosario

Præmunire. Es un término del derecho canónico y civil inglés que incluye en su significado un cierto delito, el mandato judicial y su castigo. El término es la primera palabra del mandato y significa 'proteger, asegurar, guardar'. Este mandato fue originalmente usado por Eduardo III en 1353 para frenar la arrogante usurpación del poder papal. Este monarca prohibió (27 St. 1, c. 1), bajo ciertas penas a cualquiera de sus súbditos, particularmente al clero, ir a Roma para responder a cuestiones que eran propiamente de la jurisdicción del rey y también a la recepción por parte del papa de dignidades eclesiásticas. Mediante esas medidas Eduardo acometió en vano la remoción de un mal clamoroso. Ricardo II emitió unos estatutos similares en 1393, particularmente uno denominado Statute of Præmunire, en el que el castigo por el delito era el encarcelamiento de por vida, la pérdida de tierras y otras propiedades. Enrique IV y posteriores soberanos le dieron el mismo nombre y castigo (conocido como Præmunire) a diferentes delitos que solo tienen en común más o menos la insubordinación a la autoridad real. En 1529 Enrique VIII echó mano de este recurso en su disputa con Clemente VII en lo tocante a su divorcio de Ana Bolena.

Bibliografía



Arango, R. (2004). ¿Hay respuestas correctas en el derecho? Bogotá, Colombia: Siglo del hombre Editores y Universidad de los Andes.

Beuchot, M. (1995). Derechos Humanos. Iuspositivismo y Iusnaturalismo. México: UNAM.

Zaffaroni, E. R. (2003). Criminología. Aproximación desde el margen. Bogotá, Colombia: Temis.

Zaffaroni, E. R., Alagia, A., & Slokar, A. (2005). Manual de Derecho Penal, Parte General. Buenos Aires, Argentina: EDIAR.

 


lunes, 1 de junio de 2015

El proceso de Tomás Moro. Las fuentes.



Todo el análisis y la reflexión se basan en el artículo de Hernán Corral Talciani[1].

Resumen

Alguna vez se escribió que el tiempo presente es lo único que cuenta. Entonces, preguntará algún lector de aquel escrito, ¿Qué anda haciendo en el tiempo pasado? Propiciar el conocimiento acerca de la investigación de la historia y su exposición, pues históricamente fecundo es sólo aquel acontecer que, alimentado por las fuerzas maternas del pasado, hace justicia a los impulsos que apuntan al futuro. No se anda, pues, en el tiempo pasado sino en la plataforma del presente que observa el pasado para proyectar el futuro. Pero, aquí lo que importa es que las exposiciones fruto de la investigación histórica, son extraída de sus fuentes. Conozcamos, pues, las fuentes del proceso de Tomás Moro (1438-1535).

Introducción

La plataforma del presente es lo único que cuenta. Se trata del gerundio: estamos viviendo. Si se mira en torno, entonces se describe o se prescribe: “Así están las cosas, pero así no debieran estar”. Cuando se trata del proceso penal, las descripciones suelen ser muy tristes y todos concluyen, “Esto no debe ser”. Pero, cuando se tiene a la mano un conjunto de prescripciones, por  ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales que ordena el proceso penal acusatorio y oral en México, entonces se rechaza, arguyendo mil y un pretextos. Lo que les importa a los tradicionalistas (estos sí anclados en el tiempo pasado) es que lo prescrito no adquiera obligatoriedad porque implica encarar lo desconocido.
Uno de los pretextos más curiosos es cuando se esgrime, hasta con cierta elegancia, que el Código es de “primer mundo” y partir de allí se desprenden una serie de elogios para el procedimiento penal ordenado y todavía no establecido cabalmente. Pero, se agrega enseguida: “Es un vestido muy hermoso, pero que no está hecho a la medida de los países de tercer mundo”. Queda implícito que nuestra realidad, como en efecto lo es, es una realidad marginal.
Sucede con frecuencia que los tradicionalistas no han examinado siquiera el vestido al que aluden, pero quieren conservar a como dé lugar, las garras de traje que arrastra la realidad actual. Ninguno de ellos pareciera estar de acuerdo con los tintes inquisitoriales del proceso penal que anda por los tribunales, pero también pareciera que darían la vida porque nada cambiara. En algunos casos porque el tradicionalista está entronizado y disfrutando los privilegios que le arroja ser inquisidor o cómplice de los inquisidores. En otras, simplemente porque el tradicionalista es tradicionalista…

Las fuentes

La  reconstrucción que se  propuso hacer Hernán Corral Taciani está fundada en cuatro tipos de fuentes:

1.      Las primeras son los primeros relatos del juicio y ejecución de Moro que se conservan, y que, al parecer, emanan de testigos presenciales que lograron llegar a Europa pocos días después del 6 de julio de 1535, fecha de la muerte de Moro, y difundieron la noticia. 

2.      Las segundas fuentes que ocupa el autor son las primeras biografías que incluyen el juicio y muerte del biografiado.

3.      Una tercera línea de fuentes que utiliza son los específicos, aunque escasos, estudios que se han hecho del juicio de Tomás Moro.

4.      Finalmente, se nutre de los análisis y reflexiones que hacen sobre el juicio de Moro los biógrafos modernos, que son abundantes.

Se trata de las fuentes de la investigación histórica que muestra uno de aquellos pleitos dentro de los cuales nace, si se puede decir así, el proceso penal acusatorio y oral.

¿Hay respuestas correctas en el derecho?

El título del apartado  corresponde al de un libro de Rodolfo Arango (2004). Si la cuestión se trae a colación es porque se encuentra relación con el aserto <<El juez puede iniciar de oficio el proceso, también está facultado para buscar los hechos utilizando cualquier medio tendiente a la averiguación de la verdad>>. Aserto que se pone en el tapete de las discusiones.
Aun cuando le debe ser difícil expresarlo, el ciudadano intuye que la sentencia que termina un proceso penal expresa la prudencia de los jueces (o jurisprudencia) y, aunque siempre implica un conocer, su verdad propia no consiste en conocer lo que es, sino en dirigir lo que debe hacerse en un caso concreto. La resolución es una obra, por lo tanto se trata de una verdad que construye: no hay respuestas correctas en las leyes.
La inquisición es un fruto amargo de una época. Aquella en la cual se pensaba que la verdad se le podía arrancar a las cosas mediante una averiguación, incluso utilizando la violencia para ello: inquirir la verdad hasta descubrirla. Esta verdad sería la respuesta correcta. De aquí que se le otorgara a los gobernados un periodo de gracia para que confesara sus <<pecados-delitos>> y, después, de oficio iniciaban una investigación.
No siempre fue así, tiempos hubo en que los litigantes buscaban un campeón y los campeones luchaban entre sí, el vencedor era el poseedor de la verdad y en ella se leía la voluntad de Dios. Zaffaroni, Alagia y Slokar exponen el tema de la siguiente manera: “Como vimos hasta la confiscación de la víctima la verdad procesal se establecía por lucha (duelo). Las partes nombraban a sus caballeros que, cargados de hierros intentaban atravesarse: Dios decidía quien terminaba atravesando al otro y con esto señalaba que decía la verdad: era Dios mismo quien asignaba el triunfo a quien decía la verdad.”  (2005: 189).
Pero, explican los autores citados, esto no sucedía sólo en el derecho, sino que toda la verdad científica se obtenía mediante luchas con las cosas o con la naturaleza para arrancarle sus secretos: la astrología, la alquimia, la fisonómica y oros saberes semejantes, luchaban contra la naturaleza. Incluso en filosofía, se cultivaba el arte de cuestionarse recíprocamente en un duelo entre sabios (las cuestiones).

Cuando se confiscó a la víctima y el soberano o señor usurpó su lugar en el proceso penal, fue innecesario garantizar la imparcialidad para que Dios exprese su voluntad, porque no había lucha entre partes, sino lucha entre el bien (en manos del señor) y el mal (enemigos del señor). No sólo se confiscó a la víctima, sino que se secuestró a Dios, porque a partir de ese momento no podía estar sino del lado del bien (que, por supuesto, era del señor). El juez dejó de ser el árbitro de boxeo que cuida sólo que nadie viole las reglas de la lucha, sino que con la víctima confiscada y Dios secuestrado, pasó a actuar en nombre de Dios y del señor. (Zaffaroni, Alagia, Slokar, 2005: 189).

El desenlace de la explicación no podía ser otro y los autores invocados terminan diciendo: dado que el juez siempre estaba del lado del bien, no podía imponérsele limitación alguna en su lucha contra el mal. ¿Para qué limitar al que siempre hacía bien? No eran necesarios acusadores ni defensores. ¿Para qué si Dios y el señor sólo buscaban el bien? ¿De quién había que defender al acusado, si Dios y el señor lo tutelan  y protegen buscando su bien?


Bibliografía



Arango, R. (2004). ¿Hay respuestas correctas en el derecho? Bogotá, Colombia: Siglo del hombre Editores y Universidad de los Andes.

Zaffaroni, E. R. (2003). Criminología. Aproximación desde el margen. Bogotá, Colombia: Temis.

Zaffaroni, E. R., Alagia, A., & Slokar, A. (2005). Manual de Derecho Penal, Parte General. Buenos Aires, Argentina: EDIAR.

 
 



[1] http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-54552010000100009&script=sci_arttext [fecha de lectura:24/05/2015]


lunes, 25 de mayo de 2015

El proceso de Tomás Moro. Un proceso célebre.




El proceso de Tomás Moro. Un proceso célebre


Resumen

Hay quien afirma que la educación jurídica puede ser vista como una institución de traspaso de la tradición de pensamiento jurídico a las futuras generaciones. Sin embargo, existe también la necesidad de traspasar la institución que guarda los modelos educativos. Satisfacer esa necesidad es el propósito de ésta y las posteriores Entradas. Con la expectativa, o tal vez la esperanza, de aportar una innovación. Los profesores de Derecho en sus experiencias educativas suelen emplear casos hipotéticos, la novedad es aprender a emplear casos históricos, como el que aquí se comienza a narrar. Conozcamos, pues, las razones del proceso de Tomás Moro (1438-1535).

Introducción

Todo el análisis y la reflexión se basan en el artículo de Hernán Corral Talciani[1].  El trabajo de este autor pretende examinar el proceso que se siguió en contra del ex canciller de Inglaterra, Tomás Moro,  por alta traición y otros delitos, desde una perspectiva estrictamente jurídica; Para lo cual se vale de:

a.      Los relatos contemporáneos de lo acaecido;

b.      Las primeras biografías de Moro,

c.       La literatura moderna sobre ese proceso y sobre el personaje.

El propósito de narrar un caso histórico puede ser semejante al de narrar un caso hipotético. El ejemplo que se utiliza en esta ocasión cabría dentro de un curso de derecho procesal penal para resaltar algunas de las características del proceso penal acusatorio, como se verá en la presente Entrada.
Nuestro autor comienza su artículo colocando el proceso de Tomás Moro entre otros juicios célebres que nos proporciona la historia: Sócrates, Jesús de Nazareth, Juana de Arco, Galileo Galilei, Alfred Dreyfus, Zacco y Vanseti. El autor de este Blog ha tenido la fortuna de conocer excelentes versiones acerca de los procesos seguidos a los primeros cuatro personajes y, sin duda, el juicio seguido a Jesús de Nazaret es el más impacta al Occidente cristiano. Pero, entre estos, el juicio de Tomás Moro, humanista, abogado, juez y lord canciller de Inglaterra, tiene un lugar destacado, el juicio es de los más conocidos.
El juicio es de los más conocidos Hernán Corral Talciani recuerda que fue escenificado en la obra de teatro de Robert Bolt, A Man for All Seasons (1960), luego llevada al cine con el mismo título por Fred Zinneman con premiación de seis óscares; y más recientemente la serie The Tudors. Estas obras han escenificado con electrizante dramatismo la lucha entre el ilustre prisionero y los ministros de Enrique VIII empeñados en doblegar la voluntad del rebelde o hacerlo morir con la infamia de los traidores. El juicio tiene la particularidad de que el acusado, que actúa como su propio defensor, es un habilidoso y experimentado abogado y había sido juez en el mismo Palacio en el que fue juzgado.

El proceso sigue explicando Corral Talciani  ha sufrido la misma suerte que la figura del “hombre para todas las horas” como lo llamó su amigo Erasmo Para los católicos se trató nada más de un simulacro en que la sala del Tribunal no fue más que la arena donde le mártir defendió su fe y su adhesión a la iglesia y al Papa. Para los no católicos,  el juicio fue la lucha entre el despotismo absolutista  y el individuo que intenta velar por la intangibilidad de su propia conciencia personal, sin relación con que su dictamen sea verdadero o falso.

Un juicio real


El valor del caso empleado radica en que se trata de un juicio que acaeció y el suceso merece dos interesantes comentarios de nuestro autor. El primero alude a las versiones por él referidas y destaca la realidad del juicio:

En estas dos versiones se descuida algo que parece fundamental si se quieren mirar los acontecimientos y las personas con una mayor objetividad histórica: se trató de un juicio real, que se ciñó al menos en las formalidades a la legislación vigente en la época, y en el que el acusado era el abogado más culto y talentoso del reino, admirado además por su integridad y honorabilidad moral.

El segundo comentario describe a grandes rasgos la personalidad de Tomás Moro:

Tomás Moro nunca presumió de mártir ni buscó su propia muerte, menos acusado de un crimen que repugnaba completamente a su personalidad y su trayectoria como consejero y funcionario real. Se defendió magistralmente y, aunque finalmente perdió, lo hizo de una manera tal que nadie pudo tachar su muerte de indigna o miserable. Por el contrario, su figura creció a los ojos de todos y se encaramó en la posteridad superando incluso los conflictos políticos y religiosos de su época.

Después de estos breves comentarios, el autor pasa a darnos los motivos por los cuales, en su opinión, conviene estudiar el proceso del canciller de Enrique VIII.
Conviene hacerse cargo del estudio del proceso y condena de Tomás Moro tratando de analizar y escudriñar todos sus ribetes jurídicos. Ello permite iluminar mejor la conducta tanto de Moro como de sus adversarios, así como lo que realmente estaba en juego en la contienda litigiosa. Esta indagación asimismo puede dar luz sobre algunos puntos que pueden ser tenidos como precursores de futuras tendencias que serán más tarde consagradas en el derecho penal de los tiempos modernos.
Así, más de alguno se sorprenderá de cómo Moro utiliza:

1.      Lo que hoy día llamaríamos un recurso de inconstitucionalidad de la ley, invocando la Carta Magna;

2.      Cómo alega en su favor la prohibición de doble incriminación ("non bis in idem");

3.      La irretroactividad de la ley penal;

4.      La necesidad de un dolo específico para el delito de traición;

5.      El problema del silencio como forma de actuación;

6.      La obligación o no de tener por buenas las decisiones consentidas por la mayoría de un Parlamento,

7.      La plena prueba por uno o dos testigos.

De esta manera, el propio autor del artículo, al presentar algunas de las cuestiones que saldrán a relucir en este histórico proceso y que justifican que se le estudie y se le tenga presente como un antecedente importante de nuestras actuales convicciones jurídicas, auxilia al Profesor de Derecho para expresar el objetivo específico de la Unidad de aprendizaje.

Conclusión


No se está sugiriendo que los Profesores de Derecho abandonen los casos hipotéticos, denominados también “casos de laboratorio” por el cuidado con el cual se han diseñado para resaltar alguna característica del objeto de estudio. La propuesta va en el sentido de enriquecer los cursos con casos de la vida real que pueden ser célebres como el presente y los mencionados en este artículo, así como casos de la vida cotidiana y que ya están concluidos y alcanzaron alguna relevancia (los organismos de acceso a la información facilitan mucho la obtención de los expedientes de tales casos).  
En la próxima entrega se verá la seriedad metodológica con la cual el autor del artículo referido emplea sus referencias o fuentes. Y de plano el autor de este Blog se permite anunciar que en el próximo curso de posgrado empleará el caso del proceso de Jesús de Nazaret para ilustrar algunos temas y ya habrá oportunidad de compartirlo en este espacio.


 


lunes, 18 de mayo de 2015

Va Derecho UV y el perfil del violador



Resumen

Hoy el blog se aleja del texto de Carlos S. Nino para narrar la vivencia de un diálogo interdisciplinario, celebrado el pasado 16 de mayo de este año 2015. Pero, no se aleja en demasía. El tema fue la violencia contra las mujeres y el punto principal se pretendía que fuese el perfil del violador y, sin embargo, se aterrizó en el punto de la violación. Dos fueron las perspectivas para abordar este asunto, la psicológica y la jurídica y dos las posibles  vías de solución, el empoderamiento de los débiles y la justicia restaurativa. El motivo: sucesos muy violentos en Veracruz.

Introducción

“Va Derecho UV” es un programa de radio de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, conducido por Ángel Parra y José Luis Cuevas Gayosso (actual Director de la Facultad). Poco menos de una hora es un tiempo breve para que cuatro personas, dos conductores y dos invitados, dialoguen sobre un tema tan amplio y tan espinoso en un pequeño salón del local que ocupa Radio Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz (México), “quedó mucha tinta en el tintero”, pero el esfuerzo es loable.
Después de la presentación del Programa y de algunos mensajes de la Facultad de Derecho, José Luis le dio la palabra a la Psicóloga Vanesa Quirós Lagunes. Ella, obediente y respetuosa del tema, describió el perfil del violador desde su perspectiva. Le escuché con suma atención, pero retuve dos elementos de la descripción para efectos de la charla: uno, el violador no nace, se hace (la Psicóloga no lo dijo, pero en el acto recordé a Cesar Lombroso y su teoría del criminal nato); y, otro, la distinción entre violadores psicópatas (que carecen de consciencia de la realidad) y psicóticos (que no pierden la consciencia de a realidad).
Me encontraba absorto con la explicación de la Psicóloga, es decir, no solo admirado, pasmado, sino entregado totalmente a una meditación sobre lo que ella decía, cuando intervino Ángel Parra y, en el medio de su intervención, a boca de jarro me lanzó una pregunta: “¿Es agravante que el violador sea pariente de la víctima?” Me tomó por sorpresa y después de contextualizar el planteamiento contesté que sí es agravante, pero omití la referencia al Código Penal de Veracruz que en su artículo 185, fracción II,  establece:

La violación se considera agravada y se sancionará con pena de diez a treinta años de prisión y multa hasta de mil días de salario, cuando concurra uno o más de los siguientes supuestos: …Que el responsable fuere ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, hermana, padrastro, madrastra o tutor de la víctima; o fuere concubina, concubinario, amasia, amasio o pareja sentimental del padre o de la madre de la víctima;

El Maestro Ángel dio la pauta para un diálogo interdisciplinario y no meramente multidisciplinario. En este último, cada especialista da su parecer sobre el asunto y allí termina todo: “san-se-acabó”.

Verdad factual y verdad jurídica.

Afirmé que la Psicóloga logró despertar mi interés en su tema, pues ella no dudó en hablar de un perfil del violador. Estuve de acuerdo con ella y no estuve de acuerdo con ella, pero para salvar la contradicción es necesario referir el respecto. De acuerdo, porque de hecho existe un perfil del violador (De facto, dirán los juristas); y no estuve de acuerdo, porque de derecho no existe un perfil del violador (De iure, dirán los abogados). Cuando se hacen afirmaciones de hecho sobre el objeto del derecho, a veces, se  logra alcanzar la verdad factual y, cuando se efectúan aseveraciones de derecho sobre el mismo objeto, a veces, se logra alcanzar la verdad jurídica (o dogmática).
Hasta hace poco se trataba mucho el tema del derecho penal del enemigo y se le ubicaba dentro del derecho penal de autor, éste, propio de un estado de policía, busca enemigos; en cambio,  el derecho penal de acto, que caracteriza al estado de derecho, busca infractores (es decir, personas que realizan un acto que actualiza un supuesto jurídico e infringe con ese acto la norma jurídica).
Se creía, creencia que no ha desaparecido, que en el derecho penal de autor, el enemigo no es una persona, él es un ser inferior o un subhumano; en tanto que en el derecho penal de acto, el infractor es una persona. Consecuentemente, dentro del derecho penal de autor, el enemigo es reconocible por sus caracteres de inferioridad (el violador tiene un perfil que, incluso, se podría pensar que es reconocible antes de que cometa la violación); dentro del derecho penal de acto, el infractor se reconoce porque cometió un acto (acción o conducta = hecho del hombre, voluntario).
En el derecho penal de autor, se prohíbe lo que el enemigo es; en el derecho penal de acto se prohíbe lo que el infractor hace (el hecho). El derecho penal de autor, define individuos inferiores, no hechos. El derecho penal de acto, define hechos, no individuos. El derecho penal de autor reprocha y pena la personalidad o carácter inferior del enemigo. El derecho penal de acto reprocha y pena al infractor su hecho.
Quisiera haber podido explicar todo esto, pero solamente atiné a decir que si el saber psicológico afirmaba un perfil del violador, entonces habría que ubicarlo dentro del campo de realidad del derecho, porque el saber jurídico reconoce la descripción de la conducta de violación y de ninguna manera el perfil del violador.

Tipo penal de violación

Con el propósito de que los radioescuchas estuvieran informados sobre el tema de plática, José Luis me pidió que explicara qué es un  tipo penal y el tipo penal de violación. En homenaje a la brevedad respondí solamente que el tipo penal es <<la descripción de la conducta prohibida>>. Solamente pretendía reafirmar el derecho penal de acto y procedí a leer el artículo 184 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio que en su letra dice:

A quien por medio de la violencia física  o moral  tenga cópula  con una persona, se le impondrán de seis a veinte años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario. Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral.

Esta es la verdad jurídica: en Veracruz se castiga el delito de violación. Por supuesto, se comprende que del dicho [de la ley] al hecho hay mucho trecho. Pero, el tiempo seguía su marcha de manera implacable. Así que solamente se destacó el elemento definitivo o definitorio de la conducta descrita que es el modo de tener la cópula: “por medio de la violencia física o moral”. Alcancé a agregar que las relaciones sexuales son valiosas (me parece que dije “buenas” o “hermosas”) pero que lo malo (lo que se disvalora) es el modo violento de obtener la relación sexual.
Hubiese deseado presentar por lo menos el análisis del tipo objetivo sistemático: (1) el verbo que sintetiza la conducta es violar; (2) el resultado típico es la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral; (3) la relación causal entre la conducta y el resultado; (4) la posibilidad de imputar esa conducta a un sujeto (la problemática del sujeto activo del delito); (5) las víctimas; y, (6) la violencia física o moral. Y afirmo que hubiese deseado hacer esta presentación, porque en el proceso penal acusatorio son elementos a probar o probatorios, que arropan la acusación.
No obstante, sobre todas las cosas y de haber sabido el giro que la Psicóloga le iba a dar al asunto, hubiese deseado exponer la tesis de E. R. Zaffaroni acerca del tipo penal:

El primer adjetivo de la conducta delictiva es la tipicidad. Afirmada una conducta, lo primero que cabe preguntarse es si está prohibida con relevancia penal […] se trata del primer paso analítico para seleccionar del infinito campo de las conductas, las pocas que interesan como penalmente relevantes. Para eso existen fórmulas legales que señalan con cierto grado de abstracción los pragmas [hechos] conflictivos. El pragma conflictivo se integra con la conducta y los datos fenoménicos que interesan para la prohibición. Estas fórmulas se llaman tipos penales (o supuestos de hechos legales) (Zaffaroni, Estructura básica del derecho penal, 2009, pág. 72).

Cuando se le dio la palabra a la Psicóloga Vanessa, quedó la impresión de que ella tampoco tenía otra noción de la violación diferente de la ofrecida por la ley penal y que optó por ampliar el campo del diálogo para llevarlo al campo general de la violencia contra las mujeres para considerar a la violación como un acto de poder contra la mujer y uno de los más graves, por supuesto. El salto al tema general fue magnífico y ella puso por ejemplo el acoso laboral y se refirió al despido del acosador como un castigo. No había tiempo para referirse a otros tipos penales, pero mucho menos para distinguir las penas de otras sanciones jurídicas.
Una cosa comenzaba a ponerse en claro. Si bien en el estado de derecho los tipos penales siempre pretenden seleccionar conductas, lo cierto es que el poder de castigar, que es estructuralmente selectivo, se reparte sobre personas por su vulnerabilidad. Cuantos más tipos penales haya en un estado de derecho, mayor será el ámbito que este concede para seleccionar personas (Zaffaroni, Estructura básica del derecho penal, 2009, pág. 72). Hubo tiempo para señalar que esa selección la comienzan a efectuar las policías conforme a estereotipos que no son elaborados por ellos. Esta aseveración llamó la atención de la Psicóloga, quien apuntó que eran estereotipos diseñados a mediados del siglo pasado y que algo había que hacer al respecto para que policías, jueces y legisladores no se guiaran en su actuación por tales estereotipos.
Todavía traté de comentar algo acerca del poder jurídico. Comencé, muy a mi estilo, con una anécdota: una empleada de la Facultad de Derecho me veía con coraje, siendo yo el director. En cuanto tuve oportunidad, platiqué con ella y le pregunté por la razón de ese coraje, a cual me contestó que se debía a que era un “defensor de violadores”.
El antecedente de esa opinión y de esa anécdota se encuentra en mi participación dentro de un programa de TV en el año de 1991, precisamente sobre el tema de la violación. En aquel entonces solamente traté de explicar que en tanto que el poder de castigar es habilitado por la ley (con lo cual amplía su poder selectivo) mediante los tipos penales, el poder jurídico usa precisamente al tipo penal para limitar ese poder: para castigar a una persona es necesario que se pruebe que realizó una conducta, típicamente delictiva, antijurídica y culpable. Aclaré que la culpabilidad es un juicio de reproche, juicio de valor o juicio existencial, que puede apoyarse en peritajes pero que no lo emite el perito (este puede decir si un violador es psicópata, pero jamás si es inimputable).
Esto se relaciona con la última pregunta de Ángel Parra acerca de cuál sería una pena razonable para el violador. Mi rápida respuesta fue que no hay penas razonables. En efecto, las penas están perdidas (criterio que no comparte Carlos S. Nino, como se verá más adelante). Pero, agregué en el acto que se debe pensar en la justicia restaurativa, en la reparación del daño (a condición de que no se reduzca a la dimensión económica).

Conclusión

La conclusión del diálogo se quedó flotando en el aire y la expresaré con las palabras de Julieta Morales Sánchez:

Para modificar el paradigma cultural vigente en las sociedades patriarcales es necesario empoderar a los grupos desfavorecidos por la estructura prevaleciente. La violencia contra las mujeres es resultado de una cultura institucional  y social que excluye y restringe  de forma estructural las oportunidades de las mujeres, su acceso a la justicia, así como el goce y ejercicio del conjunto de sus derechos humanos (Morales Sánchez, 2014, pág. 541).

Confío en haber interpretado apropiadamente la exposición de la Psicóloga Vanessa Quirós Lagunes y respondido adecuadamente a la invitación de Va Derecho UV.

Bibliografía



Brugger, W. (1975). Diccionario de Filosofía. (J. M. Vélez Cantarell, Trad.) Barcelona, España: Editorial Herder.

Diaz Aranda, E. (2012). Teoría del delito en el juicio oral. México: STRAF.

Morales Sánchez, J. (2014). Violencia contra las mujeres. En E. J. Federal, Vocabulario Judicial (págs. 540-541). México: Instituto de la Judiciatura Judicial .

Nino, C. S. (2008). Fundamentos del derechos penal. Los escritos de Carlos S. Nino. (Vol. 3). (G. Maurino, Ed.) Buenos Aires, Argentina: Editorial Gedisa.

Ricoeur, P. (2008). Ideología y Utopía. Barcelona, España: Editorial Gedisa.

Zaffaroni, E. R. (abril-junio de 1986). Los Derechos Humanos y Sistemas Penales en Amíca Latina Informe Final, septiembr de 1985. Revista Mexicana de Justicia, IV(2), 17-438.

Zaffaroni, E. R. (2009). Estructura básica del derecho penal. Buenos Aires, Argentina: EDIAR.

 

lunes, 11 de mayo de 2015

El esclarecimiento de los hechos


Introducción


Alguna vez se escribió que hay quienes piensan que todo tiempo pasado fue mejor, pero la verdad es que las cosas no son valiosas por el simple hecho de ser pasadas, presentes o futuras. Hoy se vuelve sobre lo mismo, pues nos están ocurriendo cosas desesperantes que, por falta de memoria parecen nuevas, pero “No hay nada nuevo bajo el sol”.

En materia de derecho penal y derecho procesal penal el valor radica en la racionalidad. Pero, “La realidad nos muestra que todas las garantías penales naufragan frente a una ley procesal que posibilite la arbitrariedad…” (Zaffaroni, 1986: 141).  En el México de hoy,  una de las cosas que produce perplejidad es el sistema de justicia penal.

Ante la irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer en algo, la opción del ser humano es pesar el pro y el contra de ese algo. En consecuencia, se invita al lector a pensar sobre el sistema de justicia penal. De cara a la perplejidad, se propone el pensar.

En Veracruz, entidad federativa de México, el sistema de justicia penal se entiende, sobre todo, como un conjunto de normas jurídicas que implanta un proceso penal acusatorio y oral, según puede leerse en el artículo 4 de su Constitución Política: <<En materia penal el proceso será acusatorio y oral>>.  Pensar sobre estas cosas exige hacerlo a la luz de la Constitución Política de México. Particularmente, en la perspectiva de aquellos artículos que surgieron a partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, el 18 de junio de 2008.

Esta es la parte más difícil del arranque de nuestro pensar, pues existe, y domina, la tendencia a querer hacerlo con los presupuestos del pasado: se quiere atender al estado de cosas, a cómo éstas han sido “siempre” (un siempre referido a los tiempos imperiales de la colonia española), pero no hay de otra: sólo se puede conocer desde los pre-juicios (que no prejuicios). No se acepta, o no se acepta fácilmente, que es necesario volver la cara a lo que actualmente dispone la Constitución Política de México.

Sin embargo, la dificultad expuesta tiene una agravante, pensando en la interpretación jurídica, pues los doctos suelen tener a la vista sólo la interpretación judicial. Suelen descalificar la interpretación académica porque –consideran que no es “práctica”. Pero, sobre todas las cosas, ignoran que todo ciudadano que cumple o incumple las normas es un intérprete de las mismas, aunque para ello sólo se sirva del sentido común o de la ponderación subjetiva de utilidades (Osuna, 1995: 93).

Votar no justifica el poder de castigar


Panta rei. Todo cambia. Si la visión normativista nos lleva a una visión estática de las cosas asomarse a los hechos reclama, exige, una visión dinámica de las cosas. Podría afirmarse, afirmación ilustrativa sobre todo para abogados, que México (y, en cierto sentido, el mundo entero, vive un gran proceso penal. Coloquialmente, estamos en el centro de un enorme litigio y es necesario principiar por el esclarecimiento de los hechos.

Por una parte, el significado usual del vocablo “esclarecimiento” es acción y efecto de esclarecer. La palabra “esclarecer” tiene como primer significado usual: iluminar, poner en claro algo. También usualmente la voz “iluminar” tiene el sentido de alumbrar, dar luz o bañar de resplandor. Podría decirse que el esclarecimiento de los hechos es iluminarlos o alumbrarlos con la luz o lumbre del entendimiento.

Por otra parte, la palabra “hecho” es el participio pasado irregular del verbo hacer, por tanto, denota lo que alguien hizo, califica también el suceso e identifica lo sucedido. El hecho nos da la idea de “…un suceso espacial y temporalmente localizado, que provoca, al ocurrir, un cambio en lo existente.” (García Maynez, 1965:170).

El problema actual estriba en que el tratamiento judicial que habitualmente reciben los hechos suele reflejar una consideración de los mismos como entidades naturales, previa y definitivamente constituidas desde el momento de su producción, que sólo se trataría de identificar su objetividad.

Harto de marrullerías, el ciudadano arriba a una dolorosa conclusión: “Nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira.” Se afirma que la conclusión duele, porque la justicia depende de la verdad de los hechos. Pero, por dolorosa que sea, conviene examinar la afirmación que se desprende de una sabiduría popular que raya en la desesperación. Si con esa afirmación el ciudadano quiere expresar que considera como criterio de la verdad no un aspecto de los hechos acerca de los cuales se emite un juicio sino cualquier otra cosa, entonces no se puede estar de acuerdo con él.

También algunos doctos han caído en la desesperación y se dedican a pontificar. Así por ejemplo Enrique Díaz Aranda se aleja del esclarecimiento de los hechos como objeto del proceso penal, cuando asevera: “Roxin sostiene que la conducta es una categoría autónoma del delito, mientras yo niego su calidad de categoría y sostengo su relevancia  para el Derecho Penal únicamente cuando se trata de una conducta-típica,…”  (Díaz Aranda, 2012: 5).

En cambio, si el enunciado “Nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira” se entiende sencillamente como que la verdad es relativa a los hechos y al sujeto que emite el juicio, entonces es una afirmación que se debe colocar en el arranque del proceso penal y que pone en evidencia la necesidad del mismo.

En efecto, al comienzo de un proceso penal nada es verdad ni es mentira y los hechos se miran a través de un “colorido cristal”, es decir, existen diversas versiones acerca de la historia de los hechos en cada caso concreto: la narración de los hechos por parte de la víctima, que difícilmente va a llegar al juez, porque el estado le expropia su conflicto y el acusador presentará su propia versión; el relato de los hechos que ofrece el imputado, las versiones de los testigos, los peritajes también ofrecen su historia.

El juez penal deberá conseguir el esclarecimiento de los hechos y construir su propia historia de la cual deberá dar razón tanto a los sujetos procesales como a una audiencia universal: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento” (Artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de México).

El esclarecimiento de los hechos se encuentra en íntima relación con el deber de motivar las resoluciones judiciales. El motivo responde a la pregunta ¿Por qué? Tiene, por tanto, una función de explicación, pero la explicación, al menos en los contextos en que motivo significa razón, consiste en hacer claro, en hacer inteligible, en hacer comprender…

Cómo trasladar estas nociones a un <<macro-proceso>>, Carlos S. Nino lo lleva al campo de los investigadores al preguntar por relación entre el derecho penal y la democracia y contestar que la democracia electoral no basta para justificar el poder de castigar estas son sus palabras:

Pero esta forma de justificar la actividad legislativa, judicial y ejecutiva no basta: una condición elemental del consentimiento para justificar la asunción de obligaciones y responsabilidades, es que la gente que consiente no será sujeto de obligaciones y responsabilidades si no hubiere prestado su consentimiento (si yo tengo que pagar un impuesto de todas maneras, no puede decirse que lo he consentido al llenar voluntariamente el formulario pertinente). Y, por supuesto, la gente que no vota no puede ser liberada de cumplir con las leyes que resultan del proceso político (Nino, 2008, pág. 16).

¿Las leyes son ficción apartadas de la realidad? No nos queda de otra que tratar de esclarecer los hechos.


Bibliografía



Brugger, W. (1975). Diccionario de Filosofía. (J. M. Vélez Cantarell, Trad.) Barcelona, España: Editorial Herder.

Diaz Aranda, E. (2012). Teoría del delito en el juicio oral. México: STRAF.

García Maynez, E. (1965). Introducción al estudio del Derecho. México: Editorial Porrúa S. A.

Nino, C. S. (2008). Fundamentos del derechos penal. Los escritos de Carlos S. Nino. (Vol. 3). (G. Maurino, Ed.) Buenos Aires, Argentina: Editorial Gedisa.

Osuna Fernández-Largo, A. (1995). El debate filosófico sobre hermenéutica jurídica. Valladolid, España: Universidad de Valladolid.

Ricoeur, P. (2008). Ideología y Utopía. Barcelona, España: Editorial Gedisa.

Zaffaroni, E. R. (abril-junio de 1986). Los Derechos Humanos y Sistemas Penales en Amíca Latina Informe Final, septiembr de 1985. Revista Mexicana de Justicia, IV(2), 17-438.