lunes, 15 de septiembre de 2014

Lo individual y lo contingente en las ciencias de la comprobación



















El tema que se expone a continuación se expresa sin temor de caer en un anacronismo, es decir, sin miedo de incurrir la incongruencia que resulta de presentar algo como propio de una época a la que no corresponde. Con vocablos distintos y desde la perspectiva del positivismo jurídico, Luigi Ferrajoli,  actualiza los términos que se emplean en la presente Entrada para explicar su derecho penal mínimo.

Su problema se deriva de la cuestión <<¿Por qué castigar?>> y esta pregunta tiene similitud con aquella que le dio origen al problema nuestro: ¿Por qué se castiga a los indígenas, a los pobres entre los pobres, preferentemente? O, mejor aún, ¿Es tolerable el castigo de una cultura para el integrante de una cultura distinta?

Ferrajoli, reconocido como aquel que logra la mejor expresión de un derecho penal garantista, responde a su pregunta afirmando que puede ser entendida en dos sentidos

a)      El de porqué existe la pena, o bien porqué se castiga;

b)     El de porqué debe existir la pena, o bien por qué se debe castigar.

Y enseguida explica lo siguiente:

En el primer sentido el problema del <<porqué>>de la pena es un problema científico, o bien empírico o de hecho, que admite respuestas de carácter historiográfico o sociológico formuladas en forma de proposiciones asertivas, verificables y falsificables pero de cualquier modo susceptibles de ser creídas como verdaderas o falsas.

En el segundo sentido el problema es, en cambio, uno de naturaleza filosófica más precisamente de filosofía moral o política que admite respuestas de carácter ético-político expresadas bajo la forma de proposiciones normativas las que sin ser verdaderas ni falsas, son aceptables o inaceptables en cuanto axiológicamente válidas o inválidas (Ferrajoli, 2009: 247 y ss).

No es posible recordar a ciencia cómo se arribó a esta temática. Solamente se dirá que la memoria apunta hacia Librado Basilio o Guillermo Nicolás, dos extraordinarios Maestros, el primero en el Colegio Preparatorio y los dos en la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Pero, de alguno de ellos o de ambos, se aprendió que el saber científico sí se refiere a lo contingente y a lo individual y en ello tiende a lo universal y necesario, porque para ellos solamente hay ciencia de lo general y de lo necesario.

No obstante, aquí el asunto que interesa es otro: la distinción entre ciencias de la explicación (ciencias del por qué) y ciencias de la comprobación (ciencias del cómo). El ejemplo que servirá a tal distinción es la segunda conclusión del Doctor Emilio Gidi Villarreal en su obra Los derechos políticos de los pueblos indígenas mexicanos:

Durante el periodo de la Conquista primero y después a lo largo de una acción colonizadora prolongada los indígenas fueron objeto de fuerzas que actuaron en sentidos opuestos y coadyuvaron  queriendo o sin querer, a que conservaran un espacio propio que contribuyó en forma determinante tanto a su sobrevivencia como a que su identidad se fuera restructurando.

Así, violencia, explotación, enfermedades y dispersión actuaron en orden a hacer menguar dramáticamente la población indígena; sin embargo, las repúblicas de indios se convirtieron en un reducto que les permitió volver sobre sí mismos, conservar sus costumbres, reiterar sus prácticas sociales, conservar sus lenguas.

De diferentes maneras, pero con semejantes resultados, las llamadas regiones de refugio contribuyeron a preservar los componentes  de identidad que sobreviven, ya que si bien la razón de ser de tales espacios geográficos era el aislamiento, siempre se mantuvo la relación y la influencia de aquellas ciudades de las que dependía al final de cuentas una parte importante del modo de subsistir de los pueblos indígenas (Gidi, 2005: 325-326)

El trabajo de Gidi Villarrreal está encaminado a verificar las observaciones acerca de cómo sucedieron las cosas que, hoy, nos permiten hablar de los pueblos indígenas mexicanos. En cambio, otros se siguen preguntando si existieron o no causas justas para la conquista española (Tenorio Tagle, 1999: 57 y ss). Son dos vías distintas para aproximarse a Historia General de las cosas de la Nueva España (fray Bernardino de Sahagún).

La conclusión trascrita apunta hacia las leyes históricas de las cuales dependen los sucesos (objetos) individuales y contingentes. Es decir, Emilio Gidi Villarreal trató de construir un saber científico propio de las ciencias de la comprobación. Se sabe que entre las ciencias del por qué y las del cómo hay una diferencia considerable, que es preciso comprender bien.

Las primeras están ordenadas a determinar  la causa propia o la razón propia de lo que es cada cosa, son ciencias de la explicación. Lo cual equivale a decir que se refieren a la quididad de las cosas. Pero, existe otro dominio, que es el de la comprobación. Las ciencias de esta categoría no buscan el por qué  o la inteligibilidad esencial, sino solamente el cómo, es decir, que tratan de determinar las leyes, según las cuales diferentes motivos se hallan constantemente asociados entre sí, por coexistencia o sucesión. Tales son las ciencias de la naturaleza, llamadas también ciencias experimentales o positivas y cuya concepción se extendió también a las ciencias sociales (historia y sociología), pero es conveniente anticipar que la más antigua de todas es la ciencia positiva del derecho.

Estas nociones se pueden leer en las Lecciones de Filosofía del Derecho de Rafael Preciado Hernández, que será el libro a leer en esta semana (2011: 9-10).


Bibliografía



De Sahagun, f. (1956). Historia General de las cosas de Nueva España. México: Editorial Porrúa S.A.

Ferrajoli, L. (2009). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. (P. Andrés Ibañes, A. Ruiz Miguel, J. C. Bayón Mohino, J. Terradillas Basoco, & R. Cantarero Bandrés, Trads.) Madrid, España: Editorial Trotta.

Gidi Villarreal, E. (2005). Los derechos políticos de los pueblos indígenas mexicanos. México: Editorial Porrúa.

Preciado Hernández, R. (2011). Lecciones de Filosofía del Derecho. México: Editorial Porrúa.

Tenorio Tagle, F. (1999). 500 años de razones y justicia, las memorias del ajusticiamiento. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

 


lunes, 8 de septiembre de 2014

México: una realidad paradójica







El 1° de junio de 2007 en esta ciudad de Xalapa, Ver., recibí como obsequio un libro por parte de su autor. La dedicatoria dice lo siguiente: “Con gran afecto para Salvador Martínez y Martínez, con la esperanza de que lo encuentre interesante.” Enseguida aparece la firma del Doctor Emilio Gidi Villarreal. La obra se titula Los derechos políticos de los pueblos indígenas mexicanos que, por supuesto resultó de sumo interés y de suma utilidad para el tema que se aborda en el presente blog.

No se le dispensará su lectura a los seguidores del blog, pero se comentarán las conclusiones en varias Entradas, tantas como sean necesarias. He aquí la primera de dichas conclusiones:

1.      Un larguísimo camino han recorrido los pueblos indígenas del nuevo mundo  desde su descubrimiento hasta el momento presente, y si bien no se puede sostener que los pobladores originales de América y los que ahora reclaman ser reconocidos como descendientes de aquellos sean semejantes, es indudable que a lo largo de cientos de años han ido construyendo una identidad que les resulta propia, pero que conserva vestigios del modo de ser cultural de los pobladores originales, y que a la vez participa de muchas de las características que identifican a la sociedad mayoritaria en la que se encuentran inmersos , lo cual da lugar a la paradoja de reconocerse parte de esa sociedad y al deseo de permanecer en ella y al propio tiempo reclamar el reconocimiento y el respeto de los rasgos culturales, sociales, normativos, lingüísticos y políticos que les dotan de esa identidad distintiva (Gidi, 2005: 325).

Otras voces han señalado que este tema enreda la superación de la multicultura, ya que podía entenderse como la sola yuxtaposición de las culturas sin atender a sus modos de convivencia, los cuales —nos dicen— es muy necesario conocer, pues las culturas, puestas en común interactúan; cada vez es menos lo que logran mantenerse alejadas o aisladas las unas de las otras (Beuchot, 2009: 13). Esto último es lo primero que constata Emilio Gidi Villarreal.

En un momento de la Historia de México en que las grandes Reformas pretenden regularse con leyes “Nacionales”, lo menos que se puede hacer es llamar la atención sobre el carácter multicultural (intercultural) de nuestro país: “Nuestro país es multicultural, ya sencillamente por el hecho de abarcar esa cultura que podemos llamar —por mera pragmática— occidental y la indígena” (Beuchot, 2009: 13). Hacia esto también apunta la conclusión trascrita.

Por otra parte, comienzan a levantar la mano aquellos que proclaman en México un derecho a la cultura y que, por lo pronto, juzgan un derecho difuso, colectivo y perteneciente a la tercera generación de Derechos Humanos (Dorantes Díaz, 2004: 30 y ss.). No obstante, y en cierta medida, en gran medida, siguiendo los pasos del libro 500 años de razones y justicia, memorias del ajusticiamiento de  Fernando Tenorio Tagle en esta y en las siguientes Entradas se intenta atrapar de algún modo La mirada judicial, aunque “El análisis descriptivo se incumbe estrictamente en el campo punitivo…” (Tenorio Tagle, 1999:23).

Terminemos esta Entrada con las palabras de Guillermo Michel:

Efectivamente, sin estruendo, sin grandes titulares, sin gritos esténtoreos de locutores, radiofónicos o televisivos, pero, eso si, con gran fuerza y determinación, los indígenas mexicanos están derrumbando los muros de concreto y de injusticia que los han contenido  durante más de quinientos años, como lo muestra el “levantamiento indígena por la paz: nunca más una México sin nosotros”, dado a conocer apenas el 15 de marzo de 1998,…

Tiene razón Emilio Gidi Villarreal: estamos contemplando en este México nuestro una realidad paradójica. Para esta semana se recomienda la lectura de su libro, él es uno de los grandes maestros de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.


Bibliografía



Beuchot Puente, M. (2009). Hermenéutica analógica y educación multicultural. México: CONACYT, UPN y Plaza y Valdés, S. A. de C. V.

Dorantes Díaz, F. J. (2004). Derecho Cultural Mexicano (problemas jurídicos). México: Editorial FUNDA.

Gidi Villarreal, E. (2005). Los derechos políticos de los pueblos indígenas mexicanos. México: Editorial Porrúa.

Michel, G. (2001). Entrelazos. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Tenorio Tagle, F. (1999). 500 años de razones y justicia, las memorias del ajusticiamiento. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

 
 









lunes, 1 de septiembre de 2014

Prisión maldita


Cuando el inculpado pertenezca a una comunidad indígena, se tomará en consideración el grado de diferencia cultural que guarde con relación a la media del Estado, así como los usos, costumbres y tradiciones culturales características de su comunidad, en los términos que le reconozca la ley.” Código Penal vigente para el Estado de Veracruz, artículo 84, último párrafo.

Cuando se escribió la tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias Penales se entendía que un problema era un hecho o conjunto de hechos respecto del cual, o respecto de los cuales, no se tenía una explicación aceptable. Así que de cara al portón de la celda número 1 en el reclusorio de Chicontepec, Veracruz (México), 1978, el autor de estas líneas se encontró en un callejón sin salida, pues en una tabla estaba escrito el siguiente texto: “EN ESTA PRISIÓN MALDITA DONDE REYNA LA TRISTEZA NO SE CASTIGA EL DELITO SE CASTIGA LA POBREZA”.

La pregunta angustiante y problemática no se hizo esperar: ¿Por qué se castiga a los pobres preferentemente? El problema, propiamente tal, comienza atendiendo a la maldición que se hace de la prisión. Una interpretación actual del problema experimentado en aquel entonces, sería la siguiente: porque la prisión es maldita se castiga a los pobres preferentemente.

La palabra “maldita”, aplicada a una cosa, usualmente es un adjetivo que sirve para calificar la cosa de que se trate como de mala calidad, ruin, miserable. Se percibía que todo eso era la prisión mexicana y que lo era estructuralmente y no lo era de modo coyuntural. Es decir, la mejor reforma penitenciaria no serviría para modificar esa “mala calidad, ruindad o carácter miserable” de la prisión, era necesario sustituirla por otra cosa y comenzó la búsqueda con el estudio sobre “La reacción social contra la criminalidad en el pueblo azteca según la Apologética Historia de Fray Bartolomé de Las Casas (Un ensayo de Criminología crítica)”. En aquellos años, la importancia del problema planteado se observaba en la superación de una controversia: o siempre existirán prisiones o la prisión será sustituida por otras formas de control social.

Se puso en claro que el castigo ha existido desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Igualmente se afirmó la probabilidad de que el castigo exista por mucho tiempo en las sociedades humanas (Cuello Calón, 1974: 15). Pero, se puso en duda el sentido de la reacción social ante la criminalidad, pues se dijo que dicho sentido estaba condicionado por la época y el lugar. Se sostuvo que el modo concreto  que adquiere esa respuesta social depende de la voluntad y libertad humanas. De donde se infirió que el conocimiento de la forma y el sentido que la reacción social ha tenido en un pueblo iluminaria el camino para la comprensión del problema contemporáneo.

Pero, el impacto recibido por el texto escrito en el portón de entrada hizo que no se le diera la necesaria relevancia a las observaciones del interior de la celda, aunque de ningún modo fue ignorada. Se quiere decir que el problema se habría planteado mejor o mostrado el aspecto que hoy nos ocupa, dándole la debida importancia. Dentro de la celda estaban castigados indígenas que ni siquiera hablaban el español. La pregunta atinente a las observaciones debió ser ¿Por qué se castiga a los indígenas, a los pobres entre los pobres, preferentemente? O, mejor aún, ¿Es tolerable el castigo de una cultura para el integrante de una cultura distinta?

El código penal para el Estado de Veracruz en su Título IV que habla de la Aplicación de las sanciones, Capítulo I que establece las Reglas generales, en el artículo 84, último párrafo a la letra dice lo siguiente: “Cuando el inculpado pertenezca a una comunidad indígena, se tomará en consideración el grado de diferencia cultural que guarde con relación a la media del Estado, así como los usos, costumbres y tradiciones culturales características de su comunidad, en los términos que le reconozca la ley.” ¿Cómo interpretar este texto? ¿Qué implicaciones tiene para la aplicación de las sanciones? Esta es nuestra primera aproximación al Derecho penal intercultural.

El libro para esta semana, el cual hace posible comprender la ideología punitiva que prevalecía en los años de presentación de la tesis es Cuello Calón, Eugenio. (1974). La Moderna Penología. Barcelona (España): Editorial Bosch.

 

lunes, 25 de agosto de 2014

El camino a seguir en el estudio






Se sabe que, históricamente, el método dogmático ha pasado por tres periodos: la conceptualización de los textos legales, la dogmatización jurídica (la elaboración de las proposiciones, categorías y principios obtenidos a partir de los conceptos jurídicos, extraídos de los textos legales) y la sistematización.

Las tres etapas históricamente producidas son seguidas actualmente por los dogmáticos, como pasos diferenciables del llamado método dogmático de la interpretación de la ley.

Uno de los significados usuales que tiene la palabra “método”, según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, se refiere a la perspectiva filosófica y afirma que método es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. En su sentido más general, método es el orden que se adopta en las actividades necesarias para llegar a un fin determinado. 

Si nos colocamos en el punto de vista del conocimiento, diremos con Descartes, que el método es “el camino que se ha de seguir para llegar a la verdad en las ciencias” (Jolivet, 1976: 141).  Al respecto, Mauricio Beuchot alguna vez escribió: “En el lenguaje corriente [la palabra “método”] se usa con referencia a dos cosas: i) al plan previo, conceptual, al que debe sujetarse una actividad, o ii) al desarrollo mismo de la actividad de un modo ordenado y eficaz. En todo caso, se entiende por “método” el modo de proceder en el discurso racional” (1987: 55-56).Pero, el asunto no es menor ni sencillo, por el contrario es complejo.

La complejidad se manifiesta en el dilema:

a)    El derecho se refiere a la norma o sistema de normas;

b)    O habría que referirlo a comprensión de esas normas por el sujeto.

El tema radical no es sobre el método sino acerca de qué es el derecho. Ni más ni menos. Se trata de la cuestión principal de la teoría del derecho. Ocasionalmente, ésta se ocupa del método jurídico.

Ésta visión, hace rememorar un dato que hoy no deja de resultar sorprendente: “El derecho como el prototipo de la ciencia occidental” (Berman, 2001: 162), pues la ciencia jurídica de los juristas del siglo XII de la Europa occidental fue progenitora de las modernas ciencias occidentales (Berman, 2001: 162-163).

No existe la pretensión de mostrar cuál es la ciencia que cronológicamente es la primera, sino mostrar que la ciencia jurídica es ciencia en el sentido moderno de la palabra. “Digámoslo con Carnelutti: ‘La comparación entre ciencia del derecho y las matemáticas, la física y la biología, podía llevar a la conclusión de que estas son más modernas que la nuestra, pero no que ellas sean ciencia y la nuestra no’.” (Fix Zamudio, 1976: 79).

Sobre todas las cosas, el hecho que importa destacar es que el método dogmático conviene a esta visión del derecho y a la ciencia que lo estudia.  No atinaron quienes quisieron negar el carácter científico del derecho, en sentido moderno. Pero, pero se han visto mal aquellos que defendieron este modelo de ciencia del derecho, pues también son el blanco de los dardos críticos dirigidos a las ciencias occidentales.

La dificultad estriba precisamente en que el dogmático no es propiamente un método de interpretación de la ley. Su finalidad es la construcción de un sistema teórico eso sí construido a partir de las leyes para resolver el problema de aplicación judicial de esas mismas leyes.

Es decir, la interpretación es solamente un problema, entre otros, de la Técnica Jurídica. Ésta tiene por objeto el estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Los otros problemas son la determinación de la vigencia, la integración de las normas, los conflictos de leyes en el tiempo (retroactividad) y los conflictos de leyes en el espacio (García Máynez, 1965: 323).

Hoy en día, esa reducción es inaceptable. No se descarta la conceptualización, la dogmatización ni la sistematización de las leyes. Pero es necesario poner las cosas en su lugar, pues hay dos sentidos de jurisprudencia: una es la ciencia total del Derecho y otra es el arte de la aplicación. Pero, las dos son hermenéuticas de los textos emanados de la autoridad competente. Y no se quiere decir que los especialistas en Derecho sean meros compiladores de leyes; las identifican, las organizan en sistema, estudian sus condiciones de posibilidad a priori (filosofía del Derecho), y deducen nuevos conocimientos que han de servir a la sociedad y al legislador (Zilli Mánica, 1996: 56).

         Los juristas o jurisconsultos son unos hermeneutas al servicio de la colectividad en sus estructuras más básicas y necesarias. El jurisconsulto es quien te puede decir qué es el derecho en una determinada sociedad y hasta dónde se extienden sus límites o su validez  (Zilli Mánica, 1996: 55).

La presente Entrada está repleta de citas, pero el libro que se recomienda leer, repasar o repensar para esta semana es una obra colectiva coordinada por María Isabel Castro Paredes, Érika Verónica Maldonado Méndez y Alejandra Verónica Zúñiga Ortega, tres muy distinguidas académicas de la Universidad Veracruzana.

 


Bibliografía



Berman, H. (2001). La formación de la tradición jurídica de Occidente. México: Editorial del Fondo de Cultura Económica.

Beuchot, M. (1987). Conocimiento, Causalidad y Metafísica. Xalapa, Veracruz, México: Universidad Veracruzana.

Castro Paredes, M. I., Maldonado Méndez, V., & Zuñiga Ortega , A. (2009). Metodología de la Investigación Jurídica. Xalapa, Veracruz, México: Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

Fix Zamudio, H. (1976). En torno a los problemas de la metodología del derecho. En H. Fix Zamudio , Antología de estudios sobre la enseñanza del derecho. México: UNAM.

García Maynez, E. (1965). Introducción al estudio del Derecho. México: Editorial Porrúa S. A.

Jolivet, R. (1976). Tratado de Filosofía I. Lógica y Cosmología. Buenos Aires, Argentina: Editorial Carlos Lohlé.

Zilli Mánica, J. B. (1996). Comentarios. Acotaciones marginales. Xalapa, Veracruz, México: Gobierno del Estado de Veracruz.

 

lunes, 18 de agosto de 2014

La subsunción en el proceso penal

 
 
 


Según la doctrina de la división de poderes de Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu [1689-1755], la tarea del legislador era formular normas claras e inequívocas, y la del juez aplicar estas normas a los casos concretos. Se suponía que los jueces subsumen los hechos del caso que se presenta bajo la norma jurídica general. El problema consiste en que, bajo esta ideología, el juez es un “autómata de la subsunción”, que con medios exclusivamente lógicos, cree poder averiguar la ley que hay que aplicar al caso concreto.

 

En el siglo XX se modificaron las ideas acerca de las tareas del legislador y del juez. Puesto que el legislador no puede prever todos los casos posibles y los nuevos desarrollos de la sociedad, por necesidad debe limitarse a una formulación general que el juez debe interpretar de tal modo que también se puedan aplicar a los nuevos casos. Por lo tanto, hoy en día, los jueces tienen una tarea de mayor alcance: gozan de cierta amplitud para interpretar las normas jurídicas y formular normas concretas para los casos específicos. En consecuencia, los jueces interpretan las normas jurídicas o eligen entre interpretaciones rivales, pero tienen que justificar la decisión tomada acerca de cuál es la norma aplicable al caso concreto.

__________________________________________________________________

Sin rodeos, el problema actual en México consiste en que la subsunción, refutada teóricamente, de hecho continúa siendo una realidad dominante.

_____________________________________________________________________

 

Dicho problema es notable en el juicio de lo criminal.  Por lo tanto, en la presente y en las siguientes Entradas se tratará de hacer un aporte a la solución de ese problema, mediante una noción popular muy amplia del Derecho penal. Una mirada desde arriba hace posible observar los cuatro pilares sobre los que se sostiene esa noción amplísima del Derecho penal: Derecho sustantivo penal, Derecho ejecutivo penal, proceso judicial y proceso no judicial.

 

El observador diligente, solícito, presuroso, querrá de inmediato corregir para decir que si se trata del Derecho sustantivo penal y del Derecho ejecutivo penal, también tendrá que hablarse de un Derecho adjetivo o procesal penal. Pero no, pues en esto radica la peculiaridad de la visión popular (democrática) del Derecho penal.

 

El pueblo observa al Derecho sustantivo penal confundido con sus procesos, tanto el judicial como el no judicial. El proceso, en su significado usual o popular, no es otra cosa que “El conjunto o agregado de autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal” (noción que recoge el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia editado por Don Joaquín Escriche, quien fuera Magistrado Honorario de la Audiencia de Madrid, España)

 

La distinción entre un derecho estático y un derecho dinámico es teórica y ciertamente aclara muchas cosas. El Derecho procesal, enseñaba Eduardo García Maynez, de manera elemental, “Es el conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho a casos particulares, ya sea con el fin de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya con el propósito de que los órganos jurisdiccionales declaren la existencia de determinada obligación y, en caso necesario, ordenen que se haga efectiva” (García Maynez, 1965: 143).

 

Cuando se habla de la interpretación jurídica, atendiendo al agente que interpreta, suelen mencionarse las siguientes clases de interpretación: la interpretación legislativa, la interpretación judicial, la interpretación administrativa y la interpretación doctrinal.

 

Sin embargo, pocos aluden a otra clase de interpretación: la interpretación popular (que tal vez algunos jurisperitos le llamen despectivamente: interpretación vulgar). Pues, por  aquí se pretende comenzar, ya que “…todo ciudadano que cumple e incumple las normas es un intérprete de las mismas, aunque para ello sólo se sirva del sentido común o de la ponderación subjetiva de utilidades.” (Osuna, 1995: 93).

 

De cara a esta pretensión se impone someter el libro de Sebastián Soler Las palabras de la Ley (1969) a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo.

 

Se trata de un libro de lectura difícil, pero sugestivo, ya que indica algo que por su obviedad en ocasiones pasa desapercibido: en los códigos o leyes que el legislador entrega al pueblo, no existe interpretación alguna, lo único que se encuentra son textos. El arte de interpretar textos, inspirado en Hermes (el mensajero de los dioses), recibe el nombre de “Hermenéutica”.

 


Bibliografía



García Maynez, E. (1965). Introducción al estudio del Derecho. México: Editorial Porrúa S. A.

Osuna Fernández-Largo, A. (1995). El debate filosófico sobre hermenéutica jurídica. Valladolid, España: Universidad de Valladolid.

Soler, S. (1969). Las palabras de la ley. México: Editorial del Fondo de Cultura Económica.

 




lunes, 11 de agosto de 2014

Plan de estudios, época nueva.


Se eligió un gráfico SmartArt para representar el ciclo de nuestro plan de estudios. Una expresión central “Derecho Penal”, con un concepto significado muy amplio, el que se relaciona con cuatro bloques: 1) Derecho sustantivo penal o “Derecho penal”, con un concepto significado restringido; 2) Derecho ejecutivo penal, también con un concepto significado preciso; 3) Proceso no judicial, con un concepto significado amplio; y, 4) Proceso judicial penal, con un concepto significado restringido. 

 

El gráfico elegido para acompañar esta Entrada podría levantar las más acaloradas protestas entre los estudiosos del derecho penal por su falta de rigor científico. Por lo que conviene explicar que se pretende  comenzar esta nueva época por el conocimiento del derecho penal que tiene el pueblo. Nuestro punto de arranque es el conocimiento popular acerca del Derecho penal. Podría decirse que la idea del Derecho Penal es vaga y ambigua.

 

En la Entrada del 25 de octubre de 2010 se dijo lo siguiente: “Los libros de texto mexicanos que versan sobre derecho penal suelen referirse por lo menos a tres aspectos: “derecho penal objetivo”, “derecho penal subjetivo”  y “ciencia del derecho penal”. Todo se complica cuando se agrega el derecho procesal penal y el derecho ejecutivo penal.”  Se quería iniciar con un conocimiento de divulgación media, pues el conocimiento popular parecía despreciable, de poco valor.

 

Sin embargo, ¿Alguien que se confiesa demócrata, puede estimar así el conocimiento del pueblo? El demócrata es un partidario de la democracia y los significados usuales de la voz “democracia” son <<Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno>> y <<Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado>>.

 

De aquí que Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar al preguntar ¿Qué imagina quien se acerca al derecho penal? respondan: “Por lo general, siente aproximarse al mundo de los crímenes horrendos, de las peores crueldades humanas. Y la paradoja es que está en lo cierto, y a la vez completamente equivocado.” (2005: 3). Por nuestra parte, solamente agregamos que en esa aproximación el pueblo mezcla la noción kafkiana del proceso penal, tanto en el ambiente interno como en el ambiente internacional (Basave Fernández del Valle, 1977).

Bibliografía



Basave Fernández del Valle, A. (1977). La cosmovisión de Franz Kafka. México: Editorial Jus.

Zaffaroni, E. R., Alagia, A., & Slokar, A. (2005). Manual de Derecho Penal, Parte General. Buenos Aires, Argentina: EDIAR.

sábado, 15 de junio de 2013

Nivel científico de la teoría sobre las medidas de seguridad





Muy temprano Antonio Beristain percibe dos cosas importantes respecto de las medidas de seguridad: a) La teoría y la legislación de las medidas no alcanzan todavía un nivel científico suficiente; b) quienes llevan a cabo la aplicación práctica de las medidas, carecen, a veces, de los medios indispensables, y por ello producen resultados negativos. Las siguientes son las palabras del autor:

Estas medidas inciden  cada día con más frecuencia  y profundidad en los derechos elementales del hombre y en los puntos clave del derecho penal. Sin embargo, la teoría y la legislación de las medidas no alcanzan todavía un nivel científico suficiente, y presentan lagunas, problemas y contradicciones. Quienes llevan a cabo la aplicación práctica de las medidas, carecen, a veces, de los medios indispensables, y por ello producen resultados negativos (Beristain Ipiña, 1974, pág. 27).

Entre nosotros Miguel Villoro Toranzo, Profesor de la Universidad Iberoamericana, expresa que no debe ser confundido el proceso de investigación científica con la presentación de afirmaciones que pueden o no contener conclusiones científicas y, enseguida, explica que es a propósito de esta presentación que se habla de niveles en la formulación de las afirmaciones (Villoro Toranzo, Metodología del Trabajo Jurídico. Técnicas del Seminario de Derecho, 1992, págs. 18-19).

El autor mexicano se refiere a Felipe Pardinas quien, a su vez, explica que “Nivel quiere decir rigidez en el control del procedimiento para llegar a los resultados; rigidez para controlar el proceso que nos lleva a los resultados de una investigación de una búsqueda. En términos generales: si el control es muy rígido el trabajo es científico; si el control o no existe o no es rígido, no es científico” (Villoro Toranzo, Metodología del Trabajo Jurídico. Técnicas del Seminario de Derecho, 1992, pág. 18).

Atendiendo a la rigidez en el control de las afirmaciones  podemos distinguir tres niveles en la formulación de las afirmaciones:

Ø  Nivel popular o vulgar, en el que o no existe control o éste es mínimo;

Ø  Nivel medio o de divulgación, en el que el autor se fundamenta en afirmaciones controladas por otros pero que él mismo no controla;

Ø  Nivel científico, en que el autor controla sus propias afirmaciones.

En este marco, resulta sencillo comprender por qué Beristain sustenta que la teoría de las medidas de seguridad no alcanza todavía un nivel científico suficiente, pues los autores no controlan suficientemente sus propias afirmaciones sobre este objeto de conocimiento. Nada sencillo es entender por qué el autor expresa que la legislación de las medidas no alcanza todavía un nivel científico suficiente. La legislación no es un conjunto de afirmaciones sino un conjunto de leyes. Se trata de un texto producido por el legislador y que es el objeto de diversas afirmaciones científicas o no. ¿Se equivocó Beristain u observó la legislación con una profundidad poco común? Nuestro parecer es que el hábito de observar las cosas con una mirada intedisciplinaria e, incluso, transdisciplinaria, le llevó a considerar la legislación desde las alturas de la ciencia metafísica en donde lo que esencialmente es, es lo que debe ser. Pero, aún no se tienen elementos para mantener tal aseveración, por lo tanto, se deja la cuestión en suspenso.

En esta Entrada, el lector se deberá conformar con la crítica que hace el jesuita español acerca de la insuficiencia científica de la teoría sobre las medidas de seguridad. También con el aserto de que la falta de nivel científico suficiente por parte de esa teoría produce resultados negativos. Lo cual conduce a confirmar la hipótesis de que Antonio Beristain admira la existencia de una alternativa para el castigo o pena que caracteriza al derecho penal. No obstante, continúa su investigación navegando en un mar de dudas, como se verá en las siguientes Entradas del presente blog.


Bibliografía



Basave Fernández del Valle, A. (1963). Filosofía del hombre (Fundamentos de Antroposofía Metafísica). México: ESPASA-CALPE MEXICANA S.A.

Beristain Ipiña, A. (1974). Mediadas Penales en Derecho Contemporáneo. Teoría. Legislación Positiva y Realización Práctica. Madrid: Instituto Editorial Reus S. A.

Beristain, A., & Neuman, E. (2004). Criminología y dignidad humana. Diálogos. Buenos Aires, Editorial Universidad, Argentina.

Beuchot Puente, M. (2009). Hermenéutica analógica y educación multicultural. México: CONACYT, UPN y Plaza y Valdés, S. A. de C. V.

Copi, I. M., & Cohen, C. (2011). Introducción a la Lógica. México, Argentina: LIMUSA.

Klug, U. (1990). Lógica jurídica. Bogotá, Colombia: Editorial Temis.

Villoro Toranzo, M. (1992). Metodología del Trabajo Jurídico. Técnicas del Seminario de Derecho. México: Universidad Iberoamericana y Editorial Limusa.

Villoro Toranzo, M. (1999). Introducción al estudio del Derecho. México: Editorial Porrúa S. A.

Zaffaroni, E. R. (2009). Estructura básica del derecho penal. Buenos Aires, Argentina: EDIAR.

Zaffaroni, E. R., Alagia, A., & Slokar, A. (2005). Manual de Derecho Penal, Parte General. Buenos Aires, Argentina: EDIAR.